Nicaragua, Venezuela y Cuba están entre los países con mayor existencia de tráfico de personas según la lista elaborada por Estados Unidos, ya que no cumplen los estándares mínimos para la eliminación y no hacen esfuerzos significantes para ello.
Los tres países latinoamericanos están en el nivel 3 del Informe sobre Trata de Personas presentado por el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, en la sede del Departamento de Estado en Washington.
En Nicaragua, por ejemplo, el régimen de Daniel Ortega “continuó minimizando la gravedad del problema” y no identificó a ninguna víctima de trata por segundo año consecutivo, ni procesó ni condenó a ningún traficante.
A Venezuela le pide que investigue y enjuicie a los traficantes y a sus cómplices, involucrados en el tráfico sexual infantil, el reclutamiento o el uso de niños por parte de NSAG u otros grupos armados ilegales, tráfico de hombres y personas LGTBI.
Y a Cuba le solicita que se asegure de que “los programas de exportación laboral patrocinados por el gobierno cumplan con los estándares laborales internacionales, específicamente que los participantes reciban salarios justos que se pagan por completo a las cuentas bancarias que los trabajadores pueden controlar.
Las tendencias de la trata de personas
El informe destaca que en el hemisferio occidental (América del Norte, Central, del Sur y el Caribe) existen amplios puntos en común en las tendencias de trata que enfrentan los países. En este caso, suelen estar relacionados con la inmigración irregular.
“La migración irregular sin precedentes en la región afecta a todos los países del hemisferio occidental. Los migrantes y solicitantes de asilo son especialmente vulnerables al tráfico sexual y al trabajo forzoso, incluso por parte de grupos delictivos organizados grandes y pequeños”, apunta.
En términos generales, afirma el reporte, en muchos países “existe voluntad política para abordar la trata de personas” en lo referente al tráfico sexual, pero hay “débiles esfuerzos dirigidos a combatir el trabajo forzoso”.
Así, las inspecciones laborales carecen de fondos y personal suficientes y, por lo general, tienen autoridad limitada o nula para inspeccionar los lugares de trabajo del sector informal donde muchas víctimas son explotadas, especialmente a lo largo de rutas migratorias cambiantes.
Este año el informe se centra en el uso que hacen los traficantes de personas de tecnología y métodos online cada vez “más sofisticados” para reclutar, controlar, comercializar y explotar a personas vulnerables y, al mismo tiempo, evadir la detección.