*Oscar René Vargas / 02 de julio de 2024
Los opositores formales y tradicionales a la dictadura Ortega-Murillo no constituyen un cuerpo homogéneo, desde Abril-2018 abrazaron dos ideas: 1) construir un país democrático a partir de una reforma electoral que hiciera posible contar los votos y que éstos contaran en los resultados; 2) buscar un país más igualitario, pero el desempleo, bajos sueldos, hacinamiento, migración demuestran que la desigualdad persiste. En síntesis, la idea política predominante se sintetiza en democracia, más mercado, más estado de derecho y confianza en que la dictadura permita unas elecciones transparentes.
Esa idea política predominante hace un lado la realidad, no tienen una posición frente al capitalismo de compadres. Tampoco toman en cuenta el contexto político, la supremacía del régimen que controla el uso mafioso de los instrumentos del gobierno ni el contubernio con el gran capital. Con Ortega, los “barones del dinero” se han enriquecido de manera extraordinaria, lo que determina su propuesta política.
No se toma en cuenta que el país ha sufrido una derrota en el proceso de la modernización económica que se expresa en la incapacidad de inclusión social y productiva para la mayoría de la población. La derrota de la modernización ocurrió porque no se ha podido desmantelar, fracturar, socavar y sustituir los cuatro pilares que sostienen al régimen autoritario. Ortega es sin duda el padre de la desigualdad moderna, pues se ha dedicado a entregar los bienes de la nación y del pueblo a sus allegados y cómplices.
La mayoría de los miembros del gran capital están a favor del “orteguismo con o sin Ortega” no sólo por ser temerosos, ellos saben cómo están las cosas, pero se tragan sus recelos y aceptan a Ortega-Murillo para preservar sus intereses. Cobardía e intereses componen la esencia estratégica de las elites empresariales y financieras. No entienden que el tiempo no es reversible, que el pasado no volverá y que el futuro se merece que lo pensemos todo de nuevo.
Las falsedades y dobleces enturbian la política de las elites. Empezaron con el escepticismo, difundieron la imposibilidad de derrotar al dictador y culminaron en la capitulación política, cuando las elites deciden plegarse a las mentiras del régimen. Lo único que quieren es mantener su cuota de poder o seguir controlando la política económica en su beneficio.
La cúpula empresarial, que al principio se pronunció en contra de la dictadura, se ha plegado, ha mantenido silencio, se ha encorvado al orteguismo y ha empezado a promover el pacto redivivo, a pesar de saber que al hacerlo causarán muchos sufrimientos y penurias a la gran mayoría de la población. En el nuevo pacto redivivo es difícil que se repongan los derechos políticos sin un monto de impunidad para los jerarcas del sistema. Lo más escabroso del nuevo pacto es que Ortega puede consentir algunas concesiones superficiales no a cambio de más justicia, sino de menos justicia. Es difícil que el régimen admita disputar el poder en elecciones limpias, sí eso significa la posibilidad de enviar a parte de la nomenclatura a la cárcel.
En este marco de referencia, es inevitable pensar que es imposible que un nuevo pacto produzca o haga posible, el surgimiento de la democracia o nuevas formas de coexistencia política social con el “orteguismo con o sin Ortega” en el poder. Sin embargo, la ambición de las elites del capital y los protagonismos desmedidos de algunos políticos tradicionales los hacen repetir los errores de un trágico pasado reciente.
La dictadura se transformó/trasfiguró en un Ejecutivo demarcado, pero no por los otros poderes constitucionales, sino por los poderes fácticos. La débil democracia fue sustituida por un pacto oligárquico entre Ortega-Murillo y el gran capital cuyo lubricante fue el reparto de recursos públicos y las exoneraciones. Las reglas informales continuaron imperando.
La mayor derrota del Estado, pero también de la sociedad fue la “guerra contra los participantes de Abril-2018”,como lo demuestra dolorosamente la cantidad de muertos, exiliados, desaparecidos, encarcelados y personas afectadas en su vida, directa e indirectamente, las bandas paramilitares con la complicidad de las fuerzas armadas y policiales del propio Estado.
La narrativa de Ortega-Murillo para justificar su poder proviene de seis ideas discursivas. La primera rememora son las diversas luchas nacionalistas y antiimperialistas de Andrés Castro, Benjamín Zeledón y Sandino.
La segunda idea proviene de los movimientos sociales y estudiantiles de la lucha de los años 60 y 70, recuperada buena parte en la lucha final contra la dictadura somocista.
La tercera se nutre de la revolución social de 1979, muy vinculada al papel del FSLN, es decir, el conjunto de convicciones que alimentaron el proceso social de los años ochenta del siglo pasado.
La cuarta se alimenta de la narrativa del Ortega comienza a construirse a partir del año 2007, que continúa con el pacto con el gran capital y el rechazo a la rebelión de Abril-2018 expresada mediante el lema de la lucha contra el “golpe de estado”. Al mismo tiempo, expresa el falso discurso antioligárquico, antisistémico, antielitista y nacionalista, lo que le permite mantener el apoyo de una base social cada día más limitada, pero fanatizada.
La quinta fuente Ortega, en sus discursos, califica la lucha por los derechos políticos y humanos de “terrorismo” sin aportar ninguna prueba. Regularmente, Ortega hace afirmaciones extravagantes sobre la existencia de “grupos terroristas” que nadie está en condiciones de verificar. En consecuencia, ha dejado fuera de la ley a las organizaciones de profesionales, medios de comunicación, defensoras de los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, etcétera. Entre las asociaciones afectadas se encuentran las que promueven los derechos de las mujeres y los valores democráticos, así como las que documentan las violaciones de los prisioneros políticos y denuncian los crímenes de los paramilitares.
Por último, desde finales de mayo 2021, la dictadura trata de construir una narrativa turbia con destino a justificar la represión política en contra del liderazgo opositor basada en las supuestas evidencias que relacionan financieramente a la oposición con el “lavado de dinero” al recibir dinero de países y organizaciones internacionales.
Oposición: la pérdida del horizonte estratégico
En los últimos años se ha producido una pérdida del horizonte estratégico de los adversarios reales a la dictadura para enfrentarla y se ha producido un enfrentamiento en pugnas personalizadas y muy mezquinas al interior del bloque opositor en el exterior. Estas pugnas son responsables de la falta de estrategia en bloque popular opositor y de la parálisis política que agrava las dificultades de acelerar en el socavamiento de los pilares de sustentación del régimen.
La fragmentación del bloque opositor se explica por una cortedad/pusilanimidad de miras para conducir el proceso de cambio desde su fase heroica (2018) hasta la actualidad. 2018, puso en la agenda política la caída de la dictadura, en la que no trataba de ganar votos, sino de establecer una estrategia que permitiera acelerar el derrumbamiento del régimen a través de un proceso de socavamiento de sus pilares.
En el 2024, la agenda política está centrada en las elecciones de 2026, esta deriva es lamentable por el potencial que puede llevar al bloque opositor a la fragmentación o al colapso que facilitaría la permanencia de la dictadura en el poder y permitiría la continuación del “capitalismo de amiguetes” y enriquecimiento faccioso de los anillos de poder. Este desenlace sería particularmente deplorable porque significaría un retroceso en materia política, agravaría la desigualdad, empeoraría los niveles de pobreza y, ante todo, postergaría la salida democrática de la crisis sociopolítica y facilitaría la sucesión dinástica.
Una fragmentación del bloque opositor sería, también, un agravio a los miles de ciudadanos auto convocados que se manifestaron en contra de la violencia represiva del Estado dictatorial vigente, las centenas de personas que perdieron la vida en la resistencia a lo largo de 2018-2019. Existe un peligro de autodestrucción del bloque opositor cuando los personalismos y las ambiciones se ponen por encima de la unidad estratégica en el marco de la diversidad de tácticas.
Sería terrible que los sacrificios de miles de activistas, mujeres, campesinos, estudiantes, jóvenes, adultos mayores, profesionales, periodistas e intelectuales se vayan al traste por vanidades e incapacidad para procesar con madurez las inevitables diferencias que surgen al interior de todo proceso político y de todo grupo humano. Sería sin duda un motivo de tristeza para todos los que anhelamos alternativas al “capitalismo de amiguetes” impuesto por la alianza entre la dictadura Ortega-Murillo con los principales poderes fácticos económicos/financieros.
La ductilidad de los sectores hegemónicos
La Real Academia Española define el adjetivo dúctil como aquello que, en el caso de un metal, admite grandes deformaciones mecánicas en frío sin llegar a romperse. Si se tratara de algo no metálico, se hablaría de un cuerpo fácilmente adaptable o maleable. Otra acepción del término se refiere a lo acomodadizo, de blanda condición, condescendiente o de pescuezo flexible. Tales serían las características de la “oposición política comparsa”, del gran capital y de los poderes fácticos en Nicaragua.
La política de la “oposición comparsa” es dúctil, capaz de amoldarse a diversas situaciones que no pongan en riesgo su alianza, abierta o encubierta, con el régimen. Al mismo tiempo, conforme han avanzado los años el régimen ha ido pasando de una tolerancia táctica a un endurecimiento extremo frente a la oposición real y las manifestaciones de protestas sociales.
La ductilidad del gran capital, también, es pieza angular en su relación con el régimen, incluso mediante una aceptación de sacrificios de los derechos de los ciudadanos y el silencio de cara a la militarización de la sociedad y de la existencia de los paramilitares.
El hecho de convertir leyes, garantías y derechos en materia dúctil en manos de la dictadura Ortega-Murillo forma parte de un sostenido juego del gran capital y de la “oposición comparsa” que una y otra vez ha tratado de encontrar las mejores condiciones para fortalecer y acerar el puño del gobernante.
Frente a un cuadro de estancamiento económico en el período 2024-2026, lo cual puede ir generando nuevos conflictos y protestas sociales por diferentes motivos (escasez de agua, tala de árboles en diferentes departamentos del país, desempleo, bajos salarios, incremento de la pobreza, desigualdad crónica, concesiones a la megaminería, cultivos depredadores del medio ambiente, privatización de las tierras comunales en el Caribe, incapacidad de compra una canasta básica, etcétera).
Por otro lado, las cúpulas partidarias de la oposición dúctil y la dictadura deslegitimada por: la corrupción, la impunidad, la inseguridad pública y la militarización; estás cúpulas han creado instrumentos legales de represión abierta que permitió la implantación de una dictadura aceptable para el gran capital dúctil, para los partidos manejables de la “oposición comparsa” y los líderes políticos con “pescuezo flexible”.
El grupo empresarial de la “nueva clase” tiene distintos orígenes y, por tanto, distinta relación con el gran capital y la burguesía tradicional. La mayoría de quienes amasaron recursos con la “piñata” de los años 90 quebró. Los que supieron administrarlos y crecieron mantienen vínculos con el capital financiero y con el gran capital desde mucho antes de que Ortega regresará al poder. Esos capitales coinciden en visión e intereses.
Lo mismo puede decirse de otro grupo de empresarios orteguistas, la mayoría medianos, que a finales de los años 90 conformaron el “Bloque de Empresarios” y que actúan como base de apoyo económico al “orteguismo” y que lograron desde entonces posiciones importantes en el engranaje gubernamental/partidario y en algunas cámaras empresariales.
La dictadura apuesta a recomponer su alianza con la élite empresarial, sello de su gestión anterior a la rebelión de 2018. Y, a pesar de declaraciones retóricas reclamando institucionalidad democrática, los grandes empresarios no dejan de dar señales de estar dispuestos a seguir legitimando a la dictadura Ortega-Murillo con tal de conservar los beneficios de esa alianza.
La corrupción está al interior del mismo Estado. El Estado ha servido para la legitimación de la corrupción, legítima la lógica del Estado-Botín al permitir la apropiación indebida de los bienes estatales y facilita a la dictadura su permanencia en el poder.