Es la rusa, nacionalizada italiana, que roció con ácido sulfúrico al sacerdote Mario Guevara.
La ciudadana rusa Elis Leonidovna Gonn lleva una “dolce vita” en Italia. En diciembre de 2018, ese nombre fue muy sonado en Nicaragua, debido a que esta mujer le arrojó ácido sulfúrico al sacerdote Mario de Jesús Guevara Calero, en ese momento de 59 años y vicario de la Catedral Metropolitana de Managua, la capital de Nicaragua.
Elis Gonn se ha establecido en Nápoles, Italia, donde lleva una aparente vida tranquila, visitando playas, restaurantes, museos e iglesias, incluso viajando a otros países, según reflejan sus redes sociales.
“He vivido viajando toda mi vida, pero siempre me dije a mi misma que voy a estudiar o a trabajar a algún lado, con la intención de quedarme. Luego, después de dos o tres meses me apetecía ir a otro lugar, aunque siempre con la intención de quedarme allí. Ahora me di cuenta de que simplemente me gusta viajar. No tiene sentido negarlo. Soy nómada: tal vez la bisabuela gitana tenga algo que ver con eso”, escribió Gonn el 15 de febrero de 2024 pasado en su cuenta de Facebook.
La de Gonn es una más de las tantas historias que demuestran la impunidad en que han quedado, hasta la fecha, los crímenes promovidos y perpetrados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
Elis Gonn, una ciudadana rusa de 30 años, causó conmoción nacional el miércoles 5 de diciembre del 2018 al rociar con ácido sulfúrico al sacerdote Guevara.
La agresión se dio mientras el sacerdote confesaba a los fieles y dejó heridas graves, no solo al clérigo, sino también a otras cinco personas que resultaron afectadas como daños colaterales.
Gonn había ingresado a la Catedral supuestamente para participar en una sesión de exorcismo con el padre Rafael López. Pero su cometido era causar daño.
En el proceso judicial que enfrentó Gonn, la Fiscalía relató que la rusa compró una sustancia química en un puesto de venta de productos de limpieza en un supermercado, en el sector de El Redentor, en Managua.
El sacerdote Guevara estuvo varias semanas en estado delicado en la unidad de cuidados intensivos y tuvo complicaciones al recibir los injertos de piel en el rostro y cuello debido a sus padecimientos crónicos de diabetes e hipertensión, según comunicó la Arquidiócesis de Managua en ese entonces.
Gonn, quien posee doble nacionalidad, rusa e italiana, afirmó a la Policía que había sido “ordenada por el diablo matar a alguien”, confesando que lo hizo bajo amenaza de perder su propia vida si no cumplía con el mandato.
Según informes de la Dirección General de Migración y Extranjería, Gonn había recibido previamente refugio en Italia en el 2017 debido a su condición de lesbiana y a presuntas persecuciones políticas en Rusia. Posteriormente, viajó desde Italia a Nicaragua, con paradas en México, Guatemala, El Salvador y Honduras, ingresando finalmente a Nicaragua el 7 de septiembre del 2018.
Tras su arresto, Gonn fue enjuiciada en Managua y la jueza Rosa Aracely Rubí Guerrero la condenó a 6 años de prisión por los delitos de lesiones graves en perjuicio del padre Guevara y a 2 años más de cárcel por exposición de personas al peligro en perjuicio de Roberto Pineda, de 70 años, quien auxilió al religioso al ser quemado con el químico.
En la sentencia, Rubí establece que las penas debían ser cumplidas de manera sucesiva, por lo que Gonn terminaría de cumplir la condena de 8 años en total, el 4 de diciembre del 2026.
Sin embargo, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo la liberó y negó haberlo hecho, afirmando que la mujer estaba cumpliendo su condena en el penal de mujeres La Esperanza.
Durante el proceso, la defensa de Gonn apeló del auto de prisión preventiva dictado en primera instancia y solicitó el cambio de esa medida cautelar por la de arresto domiciliar para que la rusa pudiera cuidar a su hija de dos años, pero la petición fue “rechazada”.
En agosto de 2019, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), negó la liberación de Elis Gonn, luego de que el matrimonio y excarcelados políticos nicaragüenses Cristhian Fajardo y María Adilia Peralta, afirmaran haber visto a la ciudadana rusa en un avión con destino a Panamá.
“Cuando llegamos a Panamá cuál es mi susto que estamos esperando que la gente salga del avión y pasa Elis, esta muchacha conocida como la rusa, fue la muchacha que le tiró ácido a uno de los sacerdotes en Nicaragua, ella estuvo en el Sistema Penitenciario, nosotras las mujeres que estuvimos ahí la conocemos, la tuvimos de cerca, ella iba en el avión que nosotros íbamos y se bajó en Panamá”, relató Peralta.
Reapareció en Italia
Gonn reapareció en Italia el 23 de junio del 2020, perpetrando un nuevo acto violento al agredir al dueño de una cafetería en Turín.
A pesar de su condena en Nicaragua, Gonn se encontraba en libertad y, según informes de las autoridades italianas, justificó el ataque alegando haber sido forzada a tener relaciones sexuales a cambio de un puesto de trabajo en el establecimiento.
Gon roció aerosol pimienta en el rostro del dueño del negocio Caffé 82, ubicado en vía San Donato en Turín y luego lo apuñaló en el abdomen y brazos con una navaja de 20 centímetros de largo.
La Policía italiana dijo en ese momento estar investigando este nuevo incidente, mientras que la víctima del ataque se recuperaba en un hospital local. Sin embargo, nuevamente quedó en libertad.
Impunidad es la norma en Nicaragua
El caso de Gonn plantea serias preguntas sobre el sistema judicial en Nicaragua, donde la impunidad se ha institucionalizado.
El abogado nicaragüense Danny Ramírez-Ayérdiz, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALIDH) expresó a La Mesa Redonda que casos como los de Elis Gonn son sintomáticos de un sistema judicial controlado por la dictadura Ortega Murillo, donde la impunidad es la norma.
“Esta señora rusa que roció ácido al padre Mario Guevara fue mandada por el Frente Sandinista, por el Estado, y evidentemente no fue una cuestión aislada. Es una manera clásica de actuar del partido de las cuatro letras, esas cosas, así como repentinas, como bien pensadas en cuanto a la maldad, son características de planes que se ejecutan desde el Frente Sandinista y que se ordenan desde el Frente Sandinista. Y ha quedado en la impunidad porque claramente, como todos los que participaron y participan actualmente en la represión, están en la impunidad”, declaró el abogado.
Añadió: “Una impunidad que es permitida por las máximas autoridades del Estado, hablando de don Daniel y de doña Rosario Murillo, porque estos impunes ayudan a sostener el aparataje de terror, de maldad y de hostigamientos en los que se basa el Estado, en lo que se basa la distorsión de las instituciones gubernamentales. Mientras ellos estén ahí, en la silla del poder, va a haber impunidad respecto a este tipo de agresiones”.
Para Ramírez-Ayérdiz, la dictadura liberó a Gonn bajo la justificación de que “estaba loca”.
“Con esta versión buscaron legitimar la liberación de esta señora. Esto deja entrever que el Frente Sandinista encierra a aquellos que luchan por la democracia, a aquellos que no han cometido delitos, que se les secuestra, que se les somete a torturas, que se les desaparece; y a personas que cometieron brutalidades como los de esta señora, debió ser sometida a la justicia penal”, consideró.
Ramírez-Ayérdiz añade que el padre Guevara también debió recibir un resarcimiento por parte de Gonn. El abogado también indica que el religioso puede concurrir a las instancias de Derecho Internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que en Nicaragua la justicia le fue negada.
Asimismo, puede responsabilizar al Estado de Nicaragua por haber liberado a Gonn.
“Cuando un caso que sucede entre particulares no es resuelto adecuadamente por parte del Estado, en las instancias de justicia, para el Estado nace algo que se llama responsabilidad internacional porque violó uno o más derechos humanos. Esto hace que las personas cuya situación queda en impunidad, puedan presentar sus peticiones y denuncias ante los organismos como la CIDH”, explicó.
“Estos casos donde la impunidad reina y las víctimas no son de la militancia sandinista – o puede que también sean – tienen que ver con una situación de concentración del poder en el Ejecutivo, tienen que ver con cómo el Estado ha llevado a la desarticulación del Poder Judicial, tiene que ver con un Estado que desde el 2018 dio un ‘gironazo’ hacia una impunidad que lo pudimos ver en los juicios generalizados contra presos políticos”, continuó.
El abogado subraya que desde CALIDH se ha propuesto que, “para acabar con la impunidad y que no haya impunidad desde el Poder Judicial y para que el Frente Sandinista no se enquiste en el Poder Judicial, se tiene que llamar a la vacancia de todos los puestos judiciales que hayan participado en la impunidad”.“Todos los puestos del Poder Judicial tienen que ser declarados vacantes, porque ahí va a empezar el proceso de justicia para las víctimas… es ahí donde la impunidad va a poderse revisar”, concluyó