La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, no se presentó este miércoles a una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en la que se abordó el caso de feminicidio en perjuicio de Dina Carrión y la falta de investigación por parte de las autoridades de este país.
La CorteIDH informó que el régimen orteguista no acreditó agentes para participar en la audiencia que se desarrolló este miércoles en la sede del tribunal en San José, Costa Rica, con la participación de representantes de la familia de la víctima, familiares y agentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En noviembre del 2022 la CorteIDH declaró al Estado de Nicaragua en desacato, luego de que el régimen de Daniel Ortega no respondiera a una serie de resoluciones en las que el tribunal exigía la liberación de presos políticos y la protección de activistas, disidentes y defensores de derechos humanos.
Desde entonces, el régimen no ha respondido a resoluciones y órdenes de la CorteIDH y se ha ausentado de audiencias a las que le ha convocado el tribunal.
Este miércoles la CorteIDH escuchó a los representantes de la víctima, familiares y a los agentes de la CIDH, en relación con el caso de feminicidio contra Dina Carrión, la falta de investigación adecuada y la ausencia de acciones de las autoridades nicaragüenses para asegurar el vínculo del hijo de la víctima con su familia materna.
Jorge Meza, secretario ejecutivo adjunto de la CIDH, ente que eleva las denuncias a la CorteIDH, dijo en la audiencia que Carrión, en el momento de los hechos en 2010, era una madre de un niño de 6 años y que estaba tramitando su divorcio.
Carrión fue a la casa a recoger al niño y horas después apareció muerta con un disparo en el pecho. La investigación oficial determinó que se trataba de un “suicidio”. El caso fue reabierto pero en 2019 la Corte Suprema de Justicia decretó la nulidad de la reapertura y dejó en firme el archivo.
“El Estado no realizó una investigación diligente y reforzada tratándose de una muerte violenta de una mujer en circunstancias donde había indicios de violencia de género en ámbito familiar. Se debía indagar la línea lógica de feminicidio”, dijo Meza.
Agregó que hubo irregularidades en la recolección y preservación de pruebas y que el dictamen de suicidio contenía estereotipos de género.
La CIDH acusa al Estado de Nicaragua de violar los derechos a las garantías judiciales, a la igualdad, a la protección judicial, a la vida y a la obligación de investigar hechos de violencia contra las mujeres. Además, señala que el Estado no adoptó medidas para asegurar los vínculos del niño con sus familiares maternos.
En la audiencia participó también Aida González, madre de la víctima, y su hija Aida Carrión.
Aida Carrión describió a Dina como una mujer de 36 años, feliz, madre amorosa, quien sufría de violencia física y psicológica por parte del esposo.
Recordó que el cuerpo de su hermana presentaba señales de violencia física y que el expediente del caso contenía numerosas incongruencias e irregularidades.
A partir de hoy las partes tienen un mes para presentar sus alegatos finales por escrito y luego la CorteIDH podrá emitir una sentencia en los siguientes meses.
*Con EFE