Destacados / Nacionales · 14/06/2023

Excarcelados políticos confiscados por Ortega se declaran víctimas de “linchamiento judicial”

Al menos 74 excarcelados políticos del grupo de 222 nicaragüenses a quienes el régimen de Daniel Ortega desnacionalizó el pasado mes de febrero, rechazaron este miércoles la confiscación de sus bienes en Nicaragua y se declararon víctimas de “linchamiento judicial”.

En una declaración conjunta, los 74 firmantes señalaron que “la ilegal confiscación equivale a la repartición del botín que realizan los criminales al concluir la comisión de sus ilícitos y confirma la relación entre violación de derechos humanos y corrupción”.

El pasado 9 de junio, el régimen de Ortega ordenó a la Procuraduría General de la República “la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes que los condenados tengan inscritos a su favor en los registros públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil del país, ya sea en su carácter personal o de persona jurídica”.

Además de sus bienes, la resolución establece que “en su carácter personal o de persona jurídica se inmoviliza y decomisa a favor del Estado de Nicaragua todas las acciones y las sociedades mercantiles que los condenados tengan”.

Según los afectados, la confiscación de sus bienes es parte de un “linchamiento judicial, producto del odio contra quienes, en unión de miles de compatriotas, han demandado respeto a los derechos humanos, elecciones libres, libertad, democracia y transparencia”.

La no trascendencia de la pena tampoco se está respetando con nuestros familiares, lesionándoseles el derecho al trabajo, a permanecer, salir o reingresar a su patria, y convirtiendo así a Nicaragua en una fábrica apátridas de e imposibilitando el del derecho de permanecer juntos como familia”, apuntaron.

Argumentaron “fueron juzgados en violación de las garantías del debido proceso, con acusaciones de hechos falsos, con pruebas fabricadas por la Policía y el Ministerio Público en audiencias rápidas y secretas, sin acceso a sus abogados, con ocultamiento de las causas a las defensas, con prisión preventiva y tramitación compleja improcedentes, dictados sin indicios de comisión de delito”. Además, que las resoluciones de culpabilidad “fueron igualmente ilegítimas y los procesos nulos”.